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sandra garza cavazos

Sandra Garza Cavazos

Sandra Garza Cavazos

Una mujer que hace historia

El nombre de la abogada Sandra Garza Cavazos quedó escrito en febrero en una de las páginas más importantes de la jurisprudencia a favor de la familia mexicana.

Sandra, junto con su colega penalista Samuel Rubio Fernández, llevaron gratuitamente el caso de la madre regia, Diana Soto Urbiola, quien buscaba una pensión alimenticia para su hijo.
 
Diana falleció de cáncer en el páncreas en septiembre de 2008 y por ello no pudo ver con sus propios ojos que la justicia se puso no solo de su lado, sino también de las miles de mujeres que tropiezan diariamente en los juzgados sin conseguir justicia en pro de la seguridad y estabilidad económica para sus hijos.
 
El 3 de febrero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que se considere como delito el incumplimiento injustificado del pago de la pensión alimenticia fijado para los hijos o el cónyuge.
 
“Se sancionaría con la pena señalada en el Artículo 280 de este Código, si el condenado al pago de pensión alimenticia deja de cubrirla sin causa justificada”, reza ahora el Artículo 282 del Código Penal estatal, pero aplicable en todo el País.
 
La pena es de seis meses a cinco años de prisión.
 
Los meses siguientes a la muerte de Diana, la abogada y su colega, siguieron el caso, sin cobrar un solo centavo de sus honorarios, ¿Qué sería lo que la motivó a hacerlo?
 
“Por solidaridad hacia una madre que se encontraba imposibilitada para trabajar, víctima de una enfermedad mortal y cuyo ánimo era solo solventar los gastos de su hijo mediante el pago de la pensión alimenticia a la que el padre del menor se había comprometido en el convenio de su divorcio voluntario”, explica Garza Cavazos a Nosotros2.
 
Un logro que pone fin a la angustia e impotencia de las madres que sacan adelante a sus hijos, teniendo a veces que dividir su tiempo entre el hogar, sus hijos y su empleo.
 
Como mujer ¿qué representa para Usted este logro?, se le preguntó a la litigante.
“Certeza y seguridad jurídica para hacer cumplir la obligación alimentaria para ella (cuando tenga derecho) y para sus hijos, en el mejor de los casos, o para castigar con cárcel el incumplimiento, si aún así se niega el deudor alimentista a pagarla, en el peor de ellos”, asegura.
 
 
El contexto
Diana se divorció de su pareja, con quien engendró un hijo de ahora 16 años, en 2001 y él se compromete a pagar como pensión alimenticia 10 mil pesos mensuales a favor del menor. A los ocho meses a esta mujer le diagnostican su enfermedad.
 
En 2005, Diana denuncia incumplimiento y a él lo condenan un año después a pagar 23 mil 500 por adeudos que acepta liquidar.
 
Sin embargo, en junio de 2007 la ley le exige nuevamente liquidar ahora una cantidad mayor, por 98 mil 865 pesos, que no cubre.
 
Tres meses más tarde, Diana denuncia a su ex esposo por el delito de abandono de familia y un año después, fallece víctima de cáncer.
 
El hombre, de quien se desconoce públicamente su identidad, estuvo en prisión en octubre del 2008, pero logra salir por medio de un amparo.
 
A penas en diciembre pasado, negoció con la familia de Diana, quienes le otorgaron el perdón y él pagó una parte de la pensión que adeudaba, sin pensar que meses después se consideraría delito lo que había dejado de hacer por su hijo en los últimos años.
 
El antes y después
Los tropiezos de las mujeres en proceso del Juicio Sumario de Alimentos han sido muy similares en cada una de las historias.
 
“Se podía llegar a determinar que no había delito, cosa que ahora es indiscutible dada la obligatoriedad de la jurisprudencia que señala que será delito en cualquiera o en todos los casos.
 
“Además, quedó claro que no necesariamente se tendrá que previamente agotar un procedimiento familiar en el que se fije la obligación alimentaria para la procedencia de la acción penal, puesto que ésta deriva de la ley por el parentesco, el matrimonio, el concubinato”, explica.
 
Pero la luz al final del camino al fin llegó, tal vez con un dejo del dolor por la partida de una mujer luchadora hasta el final de los días, pero que gracias a su lucha incansable muchas otras tendrán el camino menos tortuoso.
 
“Con la nueva jurisprudencia, los jueces tendrán que considerar el incumplimiento de los alimentos por una causa justificada (incapacidad para trabajar y no tener bienes) como delito de abandono de familia que merece pena privativa de la libertad, ya sea que la obligación alimentaria solo provenga de ley (esposa e hijos, etc.) de una sentencia condenatoria, o cuando la cuantía y la manera de ahcer el pago se hayan determinado por convenio (por procedimientos de divorcio, juicio sumario de alimentos o de mediación)”, finaliza.
 
FOTO. elnorte.com

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